Los fabricantes se encuentran inmersos en una transformación del panorama automovilístico. Tras muchos años con regulaciones sobre mecánicas y emisiones con las normativas Euro, desde Europa les habían impuesto que este año sus coches nuevos vendidos debían emitir una media de 95 g/CO2 por km. En incumplimiento de esta norma conllevaría sanción. Ahora, con la población de la mayoría de los países confinada en sus casas y con una ya vaticinada importante contracción en las ventas, los concesionarios han solicitado que la aplicación de esta normativa se retrase.
Según señala Gerardo Pérez, presidente de Faconauto (la asociación de los concesionarios) en una entrevista con Nius, “no tiene sentido en medio de una crisis como esta que se nos pida ese nivel de esfuerzo y con multas millonarias”.
Por el momento entiende que se han de priorizar salvar las cuentas del año, para lo que “se han puesto un montón de medidas sobre la mesa para la salvar al empresariado, al trabajador y la economía europea, por lo que el protocolo de emisiones no tiene lugar”.
En un momento de Estado de Alarma como el actual, que tiene confinada a la población en sus casas y sin poder salir a la calle, los concesionarios han tenido que detener su actividad. Pérez apunta a que hay hasta 151.000 trabajadores de concesionarios que han sido sometidos a ERTE por causa de fuerza mayor, entre los que también se incluyen a los trabajadores de los servicios oficiales.
Estos se mantienen abiertos, aunque con retenes que solo actúan ante casos de urgencia como vehículos de las Fuerzas y Seguridad del Estado, ambulancias y vehículos de transporte de mercancías. Señala que en nuestro país hay unas 10.000 personas que siguen trabajando en los talleres oficiales para afrontar estas reparaciones.
En cuanto a los fabricantes apunta a que cada una ha actuado de manera de muy diferente. Se han sensibilizado con la situación pero las medidas puestas en marcha en algunos casos con insuficientes. “En los momentos complicados se retrata todo el mundo y es cuando se ve si los socios son socios o no” apunta, y añade que de la manera de proceder de los fabricantes ahora dependerá la situación de sus concesionarios en el futuro.
Entre las medidas puestas en marcha por las marcas está la de detener el pago de las facturas y recibos que vencían estos días en cuanto a venta de coches y servicios, unas facturas que se han retrasado hasta que salgamos del Estado de Alarma.
Y confía en que la huella que deje en los concesionarios sea mínima. “Pensamos que la gente debe conservar sus trabajos y poder adquisitivo”, subraya, y añade: “Yo creo que se salvará la red de concesionarios al 100 %, incluso vamos a salir reforzados. Estamos aprendiendo muchas cosas que quizá no se nos olvide nunca”.
Asume la caída de ventas en los meses que dure el Estado de Alarma pero también que los profesionales de los concesionarios han reaccionado muy bien al teletrabajo preparándolo todo para cuando salgamos de esta situación.
Apunta que la disposición de ERTEs en las empresas españolas es positiva pues permite a los trabajadores contar con un porcentaje importante de su sueldo, y aunque entiende que el comportamiento de los compradores dependerá de la confianza en la economía, cuando los concesionarios vuelvan a abrir lo harán con importantes ofertas para dinamizar el mercado.
Finalmente, señala que el Gobierno no debería poner en marcha el impuesto sobre las emisiones, “nos consta que está encima de la mesa y es una subida impositiva que se ceba con el que menos puede”. No ha sido confirmado por el Ejecutivo aunque sí se lleva rumoreando desde hace tiempo la puesta en marcha de una tasa sobre los vehículos más veteranos según sus niveles de emisiones.
Cree que es un impuesto “se ceba con el que menos puede, con las rentas medias y bajas, que no pueden permitir comprar un eléctrico”.