Lejos de acercar sus posturas, los protagonistas de la guerra taxi-VTC se enrocan en sus posiciones, Especialmente los primeros, que ya han tomado el sector central del Paseo de la Castellana de Madrid. Una de las soluciones propuestas para apaciguar los ánimos es la transferencia de las competencias en la regulación de las licencias VTC a las Comunidades Autónomas. Pero estas han manifestado que antes de que se produzca este traspaso, deberían dar una solución pactada al problema.
Y esa calma que esperan los gobiernos regionales ni siquiera se otea en el horizonte. Fomento continúa con su ronda de contactos; hoy le toca al Consejo Nacional de Transportes. Ha propuesto la aprobación de un Decreto Ley el próximo 14 de septiembre. Y, hasta entonces, pide que los protagonistas de este enfrentamiento actúen con “conciencia cívica” para no colapsar las ciudades ni dañar a otros sectores económicos. Y es que ya han comenzado las protestas de otros implicados colaterales.
La Generalitat se destaca
El único ejecutivo regional que ha solicitado el traspaso de las competencias en la regulación de las licencias VTC es el catalán. Aluden a unas mejores capacidades de gestión que el Gobierno central y al mayor conocimiento de la realidad de sus ciudades. Sin embargo, la mayoría entienden que esta transferencia, tal y como está la situación en estos momentos, solo conseguirá aumentar el problema.
Desde el propio sector del taxi solicitan que la solución se implante a nivel nacional pues, entienden, que este traspaso de papeles puede significar la coexistencia de 17 escenarios diferentes con nuevas dificultades y nuevos conflictos de intereses. Además, desde las propias comunidades autónomas asumen la dificultad de responder a este conflicto. La principal pretensión de los taxistas, la reducción del número de licencias VTC que incluye la Ley Orgánica del Transporte Terrestre para que se cumpla la proporción 1 VTC por cada 30 taxis, supondría la revocación de estos permisos; algo que no está contemplado en la normativa actual.
Ley Omnibus
El problema actual llega tras la Ley Omnibus promulgada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquella supuso la desregulación del sector en muchos aspectos. Y llegó al calor de tantas liberalizaciones y recortes que hicieron el ejecutivo central y las administraciones regionales y locales que vaticinaban que una mayor competencia supondría una mejora en los servicios para el servicio final.
Esta fue la puerta que encontraron diversas empresas para hacerse un hueco en un sector que se encontraba anquilosado en unas maneras de trabajar y que apenas habían cambiado en años. Empresas como Cabify (de origen español) o Uber (filial de Google) se hicieron un hueco en las calles de las principales ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, pues en el resto del territorio apenas tienen implantación) para sumarse a la oferta de transporte de viajeros.
Llegaron y triunfaron
Su carta de presentación gustó. Contaba con unos vehículos amplios y limpios, nuevas comodidades para el usuario como botellas de agua, rutas y precios preestablecidos gracias a navegadores y la comodidad de solicitar el servicio gracias a aplicaciones de móvil. Esto, unido a las dificultades que en diversos momentos del día los usuarios tenían para encontrar un taxi, les llevó al éxito con gran rapidez, hasta el punto de ampliar el número de peticiones de licencias en poco tiempo.
El Gobierno de Mariano Rajoy derogó la ley Omnibus en 2013. Pero ya era tarde. Más de 10.000 licencias habían sido expedidas. Otras 8.000 están en proceso de estudio. Estas son las que esperan detener los taxistas con sus protestas. Y, de paso, reducir en buena parte las que ya están concedidas.
La solución de Colau
En el sector del taxi gusta la normativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona liderado por Ada Colau por la que establecía una nueva licencia municipal a los propietarios de una VTC. Sin embargo, esta fue puesta en cuarentena por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, iniciando así unas manifestaciones que han desembocado en paros parciales por toda España (incluso en aquellas ciudades donde no hay rastro de un VTC) y taponar algunas calles de Madrid y Barcelona.
