España se encuentra en Estado de Alarma desde el pasado sábado a causa del coronavirus, lo que supone que la población debe permanecer confinada en sus viviendas. Solo se permite salir de casa en casos muy contados, todos especificados en el Real Decreto de Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Para el cumplimiento de estas medidas se han estipulado una serie de sanciones para quienes se lo salten entre las que se encuentran coger el coche de forma injustificada.
El total de sanciones varían entre los 100 y los 600.000 euros en lo económico aunque también se prevé prisión de entre tres meses y un año dependiendo de la gravedad de la infracción.
Se prevén cuatro tipos de delitos: contra la protección de la seguridad ciudadana, contra la salud pública, contra la protección civil y contra el código penal. En el caso del uso indebido del coche particular, la sanción se puede elevar hasta los 30.000 euros. Aunque también se recogen diversos agravantes.
El uso injustificado del coche particular se encuentra dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana. Se considera desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes, y serán considerados como agravantes la alegación de datos falsos o inexactos, lo que podrían elevar la causa a delito, así como la negativa a identificarse. En este caso, las multas variarán entre los 601 y los 30.000 euros. Sin embargo, la reiteración de este incumplimiento podría elevar la multa hasta los 60.000 euros.
Aunque no es la única multa a la que uno se expone pues retirar o mover vallas, cintas u otros elementos móviles que delimiten un perímetro de seguridad y que hayan sido puestos por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad puede conllevar pena de entre 100 y 600 euros.
Además, el incumplimiento de órdenes, prohibiciones o instrucciones expresas de la policía, como pueda ser el trasvasar zonas de aislamiento supone una multa de entre 1.501 y 30.000 euros.
En última instancia y en casos muy concretos, se podrían establecer penas de prisión de entre tres meses y un año y multas de entre seis y dieciocho meses (multa diaria durante el tiempo que dure la sanción) a quienes se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad en el ejercicio de sus funciones.