Un conductor de Segovia ha logrado que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid le retire una multa que le habían puesto el año pasado en la Nacional 6 al no estar verificado el buen estado del soporte del radar que le sustenta por lo que no puede garantizarse el correcto funcionamiento de este.
Se trata de nuevo vericueto en la normativa que ha encontrado Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha sido la impulsora de esta reclamación al juzgado, y que ha logrado no solo que se retirara la multa de 300 euros y la pérdida de 2 puntos del carné de conducir de su cliente, sino que la DGT asuma las costas del juicio: 400 euros.
Los radares apostados en nuestras carreteras, unos 2.700, necesitan de un mantenimiento periódico por técnicos cualificados. Han de superar diversos análisis y actualizaciones para que sigan funcionando como corresponde. Sin este mantenimiento ni revisiones no podrían seguir multando por lo que en caso de reclamación de un conductor multado, la DGT debe indicar la fecha en la que superó su última verificación de buen funcionamiento que demostraría que está al día y que funciona correctamente.
Sin embargo, esta misma norma, la Orden ITC 3123/2010 en su artículo 12, también avisa que hay que verificar las cabinas, soportes y protecciones en donde se alojan estos radares, una revisión que se ha de incluir en el mismo informe de la verificación del radar. Y esto no siempre se hace. De esta manera se vuelven a poner en duda miles de multas impuestas en nuestro país en los últimos años. Y, el cinemómetro que ha recibido la denuncia no es uno cualquiera.
El radar que ha sido objeto de la polémica es el que está situado en la Nacional 6 en el km 59,2, que en 2017 se situó como el radar que más multaba de todo el país (la denuncia que ha sido retirada es de 2019) y en los últimos años ha estado siempre en los primeros puestos de este ranking.
Es en este momento en el que vuelven a arreciar las críticas contra la DGT al considerar que es una entidad que solo busca la recaudación y no tanto la mejora de la seguridad en la carretera. En 2019 impuso unos 4,6 millones de multas que supusieron unos ingresos cercanos a los 500 millones de euros. En este caso, AEA ha logrado que le quiten una multa a un cliente por el mal estado del soporte, la pregunta llega ahora, ¿cuántas multas se podrían quitado si se hubiera demostrado lo mismo?