Seopan, la asociación que reúne a las empresas concesionarias de autopistas de peaje, ha solicitado al Congreso la privatización de hasta 14.000 km de vías que ahora son gratuitas. No es una petición nueva, pues es algo que se solicita cada cierto tiempo, pero resulta cuanto menos llamativo pues hace unos meses hubo que rescatar a varias autopistas por su bajo rendimiento.
La propuesta llega de Julián Núñez, presidente de la asociación, quien ha participado en la Cámara Baja para dar su visión sobre el estado de las carreteras y mostrar sus recomendaciones sobre mantenimiento y nuevas infraestructuras. Su deseo de cobrar por el uso de carreteras ahora gratuitas se concretaría mediante una aportación de diez céntimos de euro por kilómetro recorrido.
Esto permitiría, siempre según Seopan, unos ingresos de unos 400 millones de euros que se podrían destinar al mantenimiento de las vías, así como “una dinamización de las zonas rurales, aumentando el comercio entre provincias”. Este último argumento lo apoyan con un informe realizado por una consultora externa.
Finalmente, desde Seopan aseguran que el mantenimiento de estas carreteras debería entre el Estado y las empresas concesionarias para una mejor gestión.
Momento de incertidumbre
El Gobierno se encuentra en un momento clave ante la situación de la red de vías de pago pues se acerca el final del contrato de concesión de las autopistas AP-1 (Burgos-Armiñón), la AP-7 (Tarragona-Alicante), la AP-4 (Sevilla-Cádiz), la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo) y dos tramos de la AP-7 entre La Jonquera y Barcelona. La asociación entiende que de no renovarse estos contratos pasarían a ser de uso gratuito y por tanto el Estado dejaría de ingresar en torno a 400 millones de euros.
Y añaden que, en caso de renovar los contratos, si rebajaran el coste por uso de estas vías a la mitad o un tercio, los ingresos aumentarían en entre 30.000 y 50.000 millones de euros.
