El gigante alemán concluyó el 2018 como el productor de vehículos más exitoso a nivel mundial. Y eso que aún sufría los coletazos de la polémica por el diéselgate. Cimentó su éxito en el buen nivel de ventas que tienen sus marcas en Europa (Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Porsche), mientras que también cuenta con un buen posicionamiento en mercados como el norteamericano o el sudamericano y, desde hace poco, en China.
Sigue coleando el caso del software irregular que el Grupo Volkswagen incorporó a algunos de sus vehículos los cuales al detectar que estaba en un banco de pruebas, reducían sus emisiones y consumos. El caso se denominó Dieselgate y, tras muchas vueltas, un grupo de afectados en España se han reunido bajo el paraguas de la OCU para solicitar una indemnización que la compañía germana ya ha dado en Estados Unidos y Australia.
La organización de consumidores no entiende el modo de proceder del grupo alemán en nuestro continente pues, mientras en otros lugares ha dado facilidades para dar indemnizaciones a los afectados e, incluso, ha recomprado los coches afectados con un precio superior al del mercado, en Europa ha encaminado a los propietarios a una lucha individual en los juzgados para que cada uno batalle por su indemnización.
Es por esto que, la OCU ha reunido a unos 7.500 afectados por la presencia de este software irregular en sus vehículos y ha solicitado 22 millones de euros de indemnización. En total, sería unos 3.000 euros de indemnización para cada uno, el máximo que permite la legislación española en un caso de demanda colectiva.
Esta nueva demanda colectiva por la vía civil tendrá la primera vista oral el próximo 17 de febrero y, a partir de entonces, se conocerán los nuevos plazos en la demanda.
Cabe recordar que ya se interpuso otra demanda por la vía penal que se envió a Alemania, país de origen del Grupo Volkswagen.
Lejos en el recuerdo de muchos queda ya el caso del Dieselgate. Hace cuatro años se supo por una filtración que el Grupo Volkswagen había instalado un software irregular en las centralitas de algunos de sus vehículos por el que detectaban cuando el coche se sometía a una prueba en el laboratorio tanto para homologación como para inspecciones técnicas tipo ITV.
Este lograba falsear los resultados reduciendo los consumos y emisiones, algo que no solo hacía cumplir con los estándares legislativos relativos al impacto medioambiental sino que, además, lograba reducir el precio de venta de los vehículos en algunos países donde, como sucede en España, se vincula la cuantía de algunos impuestos a estos datos (aquí el coste del impuesto de matriculación depende de las emisiones).
Esto no solo supuso la dimisión de Martin Winterkorn, CEO del Grupo Volkswagen, y de un importante número de altos cargos de la compañía, sino que también llevó a la cárcel a varios miembros de la compañía. Entre los cargos que tuvieron que asumir estaban el de fraude y estafa por mentir a los propietarios sobre las prestaciones reales de los coches, publicidad engañosa y no pagar los impuestos que les correspondía.
Es precisamente este último punto el que más choca a la OCU la falta de diligencias por parte del Gobierno español, pues son varios millones de euros los que ha dejado de recaudar por no cobrar el tramo del impuesto de matriculación que realmente merecían estos vehículos.