Un grupo de moteros se graba mientras realizan comportamientos temerarios en tráfico abierto.
Nunca te saltes las normas de tráfico y mucho menos lo grabes. Pues nuestros protagonistas no solo se las saltaron y lo grabaron sino que, para mayor demostración de inteligencia, lo subieron a las redes sociales para dar a conocer sus hazañas. El resultado de este grupo de motoristas a los que se puede alcanzando altas velocidades, adelantándose entre ellos y a cuantos vehículos encuentran y superando de forma constante la línea continua central han sido varias multas que suman 14.100 euros y 132 puntos de carné de conducir.
La ‘Operación Mataburros’ la inició la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico de La Rioja en marzo de 2019 cuando encontró en redes sociales un vídeo en el que un grupo de motoristas exhibían sus comportamientos negligentes en sus salidas. Así, se toparon con un vídeo de casi 5 minutos en el que detectaron 2 delitos contra la seguridad vial y 39 infracciones.
Así, el visor del velocímetro muestra picos superiores a los 200 km/h en tramos limitados a 90 km/h o de 157 km/h en secciones limitadas a 40 km/h.
Mataburros
Las pesquisas llevaron a encontrar la carretera en la que se había grabado el vídeo, la carretera comarcal NA-1110 entre las localidades de Torres del Río y Viana, en un tramo conocido como ‘Mataburros’ (de ahí el nombre de la operación) y que es una carretera estrecha, sinuosa y con varios tramos de gran peligrosidad. Es precisamente este el atractivo que tiene esta vía para numerosos grupos de motoristas que aprovechan los fines de semana para hacer sus rutas por esta zona.
El rastreo de vídeos similares así como el cotejo de las ventas de motos en La Rioja con las que aparecen en los vídeos han llevado a identificar a una decena de moteros de los que aparecen en el vídeo, todos hombres de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 28 y los 48 años.
A pesar de lo llamativo de las cifras manejadas, 14.100 euros y 132 puntos de multa, también se han abierto dos procesos judiciales en los que se enfrentan a penas de prisión (una máxima de 2 años), la retirada del carné (un máximo de 6 años) y trabajos comunitarios.
