El Ejecutivo de Sánchez está cada vez más involucrado en fomentar la movilidad sostenible. Hace tan solo unos días, salió a la luz su intención de prohibir la venta de coches gasolina, diésel e híbridos para 2040, apostando definitivamente por los modelos eléctricos de cero emisiones. Ahora, da un paso más en su proyecto ecológico que nada tiene que ver con la fabricación de automóviles. En este caso, orientan sus nuevas normas a las gasolineras.
Según ha publicado El Mundo, el Gobierno fijará un plazo de 27 meses para que las compañías de gasolineras inviertan en puntos de recarga para los coches eléctricos. Consideran que es un factor clave para fomentar el desarrollo y el consumo de las energías alternativas y, por ello, sancionarán con multas de 30 millones a aquellas compañías que no se sumen al cambio de tendencia en el plazo establecido.
“Una infracción muy grave”
Todo esto, forma parte del nuevo plan que iniciará el Ministerio de Transición Ecológica. En concreto, son normas que se incluirán dentro del nuevo anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que están preparando y su meta se centrará en aumentar la red de puntos de recarga nacionales.
Asimismo, afectará en mayor medida a las empresas de gasolineras que vendan más de 10 millones de litros al año. Estas “supergasolineras” tendrán que implantar cargadores eléctricos con una potencia mínima de 22 kilovatios, es decir, unos cargadores de recarga rápida que tardarían en recargar las baterías aproximadamente 20 minutos. Sin embargo, estas compañías no son las únicas que deben asumir tal inversión.
También afectará a aquellas gasolineras que vendan entre 5 y 10 millones de litros al año; aquellas que cuenten con concesiones aprobadas por la Administración de las carreteras de peaje o aquellas que sumen un 10 % de las ventas en las zonas donde ninguna gasolinera llegue a los 5 millones de litros vendidos. No obstante, los plazos para la instalación de este servicio serán diferentes.
Inversión y plazos
Ante esta situación, el proceso a seguir por las gasolineras sería el siguiente. En primer lugar, las supergasolineras tendrán un plazo de nueve meses para presentar su plan de instalación de puntos de carga, desde que el Gobierno apruebe definitivamente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Después, se fijará un plazo de un año para llevarlo a cabo, es decir que en 12 meses ya deberían poder ofrecer este servicio energético en sus instalaciones.
En el caso de las gasolineras con menor peso en el sector, como por ejemplo las que facturan entre 5 y 10 millones de litros, podrán presentar su plan hasta 15 meses después de que se aprueba la Ley; seis meses más que las empresas más grandes, pero su plazo para convertirlo en realidad también será de un año. Lo mismo les ocurriría a las gasolineras de peajes que tienen concesiones públicas y a las más grandes en las zonas con menor volumen de ventas.
Por tanto, si todo sigue su curso, el Ministerio afirma que 1.200 gasolineras actuales se acabarán convirtiendo también en “electrolineras”, si no quieren asumir una multa millonaria. Eso sí, tendrán que realizar una inversión considerable, pues según informan empresas del sector, instalar un punto de carga de estas características puede suponer entre 30.000 y 50.000 €.
