Una macroperación puesta en marcha por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga las posibles irregularidades en la contratación de radares y sistemas de control de tráfico. La Operación Enredadera persigue el amaño de contratos públicos y la entrega de comisiones. Por el momento hay varios detenidos; aunque esta actuación aún permanece abierta.
Según se ha podido saber, la compañía investigada es Aplicaciones Gespol SL, filial de la constructora Sacyr que se dedica a soluciones informáticas. Se le acusa de haber conseguido estos contratos mediante amaños de concursos públicos. Además, habría habido contrapartidas de comisiones para los beneficiarios. Son varios los ayuntamientos que están siendo investigados, la mayoría dirigidos por el Partido Popular; aunque también los hay del PSOE y de Ciudadanos. El número de detenciones podría superar la cincuentena.
Control del tráfico
El objeto de los contratos habría sido la contratación de sistemas de control de tráfico, semáforos, cámaras de vigilancia y radares. La operación sigue en marcha, estarían implicados alcaldes, concejales, gerentes de movilidad y policías.
La investigación se habría puesto en marcha en 2016 al iniciar una investigación en el Ayuntamiento de Montgat (Barcelona). Aunque pronto se descubrieron ramificaciones en el resto de España. La operación la dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) y la ha puesto en marcha junto a la Fiscalía Anticorrupción. En total participan más de 600 policías.
Por toda España
Los consistorios implicados en esta macroperación corresponden a localidades Cataluña, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía y Asturias. Así, destaca la presencia de municipios con alta población como Arroyomolinos, Navalcarnero o Fuenlabrada en Madrid; Mollet del Vallés y Tiana en Barcelona; así como las ciudades de La Coruña, Málaga, Zaragoza, Oviedo, Palencia y Lérida.
Los delitos de los que se acusan a los investigados son cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
