El Tribunal Supremo se posiciona de parte de la Agencia Tributaria y establece que el IVA de los autónomos al comprar un coche nuevo no puede deducirse al 100%. Según Autonocion, este fallo complica la situación de los que trabajan por cuenta propia, pues estipula que deben ser ellos mismos quienes acrediten ante Hacienda que su vehículo se utiliza únicamente para fines profesionales y no personales, si quieren una deducción superior al 50%.
De este modo, la decisión del TS cumple con lo establecido en la legislación estatal vigente, aunque contradice directamente la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ya que éste considera que la ley vulnera el derecho comunitario de los contribuyentes. Razón por la que, además, es posible que se haya solicitado la ayuda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque aún no se ha comunicado oficialmente.
El Tribunal supremo se posiciona a favor de Hacienda
Tal y como exponen en Cinco Días, el TSJCV aprobó una deducción del 100% del IVA para los autónomos que comprasen un vehículo nuevo. Contemplan que no deben ser ellos quienes acrediten si su uso va a ser exclusivamente profesional, sino que debe ser la Administración quien demuestre que ese coche se utiliza con fines personales, si quiere exigir parte de la devolución del impuesto.
Sin embargo, después de la decisión del Tribunal Superior de Valencia, Hacienda presentó un recurso de casación ante el Supremo para defender su postura; parece haber conseguido su propósito. De este modo, la carga recae de nuevo sobre el trabajador por cuenta propia, ya que los procesos que deben seguir los autónomos para exigir un porcentaje mayor de deducción suelen ser muy complejos.
No obstante, el Alto Tribunal ha querido dejarlo todo atado, estableciendo una condición que podría beneficiar a los autónomos: sentenció que la Agencia Tributaria debe crear un mecanismo eficaz que permita a estos trabajadores demostrar si el uso de sus coches es exclusivamente profesional o no. Asimismo, deben regular las pruebas que los afectados por la norma deben llevar a cabo, evitando que se desestimen de manera sistemática o que la Administración requiera unas condiciones demasiado exigentes.
