El impuesto al diésel está incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Por el momento no ha habido cambios. Aunque sí ha habido movimientos alrededor de este punto. El PNV ha puesto como condición para su apoyo la supresión de esta nueva tasa para darles su apoyo cuando los presupuestos se presenten al parlamento.
Y el Gobierno ha consentido la supresión de este. Sin embargo, el contrapunto está en Más País. La formación liderada por Íñigo Errojón al conocer este punto ha apuntado a que podría retirar su apoyo a los presupuestos si estos se eliminan de los presupuestos. Por su parte, Ciudadanos también solicitó la cancelación de esta subida, pero al no ser necesarios sus 10 votos, desde el Gobierno no se escucharon sus propuestas.
Lo que está claro es que esta tasa es una petición que llega desde Bruselas, por la diferencia de imposiciones que sufren la gasolina y el diésel (un 52 % frente a un 47 %). Se considera que el diésel, en el momento en el que más cuestionado está, está bonificado por parte del Gobierno por esta diferencia en las tasas.
Se ha pedido en numerosas ocasiones que se equiparen, algo que el Gobierno ya intentó con los últimos presupuestos que presentó, en enero de 2019 y que fueron rechazados, y que ahora había vuelto a incluir.
Además, al Ejecutivo le vendría muy bien ese ingreso extra por las necesidades de las arcas públicas en plena pandemia por el Covid-19 y por el número de ayudas que está poniendo en marcha destinadas a paliar los problemas de los diferentes colectivos.
Esa diferencia del 5 % impositivo no la realizaría de golpe. Se aplicaría de forma paulatina. El primero de ellos sería de 3,8 céntimos de litro, un aumento del que quedarían exentos los profesionales del transporte. En total, el Gobierno preveía un aumento de ingresos de unos 500 millones con esta nueva tasa, unos ingresos que de no llegar por el nuevo impuesto del diésel tendrá que buscar con otras partidas.