El sector del taxi se encuentra en pie de guerra y un problema que comenzó en Barcelona y en su área metropolitana se ha extendido al resto del país al mismo tiempo que se encolerizaban los ánimos en la propia ciudad condal. Hoy, este sector amenaza con colapsar las principales ciudades del país. En la actualidad no solo hay una ocupación (500 vehículos detenidos y tiendas de campaña) de la Gran Vía de Barcelona, sino que anuncia que creará tramos de circulación lenta en otras ciudades y atascos en accesos a puertos, aeropuertos y estaciones de tren.
El problema original no es nuevo aunque sí lo es nivel de hartazgo de un colectivo que se siente injustamente tratado por la administración central. Entiende que no se cumple la normativa vigente, ante un nuevo competidor que se ha expandido por algunas ciudades de forma indiscriminada (Uber y Cabify son los principales benefactores) accediendo a unas licencias de transporte de viajeros que tienen unos precios muy inferiores y con una presión impositiva muy inferior pues algunas de estas empresas están radicadas fuera de España.
La expansión de las licencias VTC
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre señala que debe haber una licencia VTC por cada 30 de taxi. Y según apuntan los representantes de estos últimos, en ciudades como Madrid, la relación hoy día se ha situado ya a razón de 1 a 4 (15.723 taxis frente a unas 4.300 VTC). Y esta diferencia podría ser inferior pues hay otras 2.700 licencias solicitadas.
La adjudicación de estas licencias es una competencia que el Gobierno central y las administraciones locales comparten. El primero concede las que hayan sido tramitadas por las Comunidades Autónomas.
Con este panorama, el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, creó una nueva regulación para la ciudad condal y su área metropolitana. Entre otras novedades, los poseedores de una licencia VTC tendrían que obtener nuevas licencias y permisos locales añadidos. Ante esta situación, la CNMC entendió que el consistorio catalán no estaba legitimado para esta puntualización del reglamento nacional y recurrió al Tribunal Superior de Justicia el cual lo dejó sin efecto.
El final de una larga mecha
La situación que ahora se está viviendo en las principales ciudades de España no ha sido repentina. En 2014 llegó la primera huelga en Barcelona y Madrid solicitando el cese de actividad de Uber y Cabify. Desde entonces se han sucedido las reivindicaciones con victorias y derrotas parciales para ambos bandos. Hasta ahora, cuando el Supremo ha legitimado (de forma temporal) la acción de los vehículos que operan bajo licencias VTC.
A esto se ha sumado el altavoz que supone el periodo estival y la presencia masiva de turistas en nuestro país. Se han creado servicios mínimos de taxi y gratuitos, con prioridad para ancianos, disminuidos físicos y familias con niños pequeños. Aunque hay quien señala que ni siquiera estos “funcionan”. Las alternativas que quedan son el metro (donde lo hay) y los autobuses, aunque estos servicios han sido revisados en Madrid y Barcelona para una mayor frecuencia de paso.
Así, a las protestas que se iniciaron el jueves en Barcelona (ataque a un vehículo incluido) y que desembocaron en una huelga indefinida, se ha ido extendiendo a otras ciudades. Madrid se sumó pronto a sus reivindicaciones. El domingo se añadieron Valencia, Alicante y Zaragoza. La Federación Vasca del taxi ha hecho un llamamiento a sus asociados para que se sumen mientras que los de las Islas Baleares lo harán durante unas horas concretas.
Llamamiento de Fomento
Ante la situación que se está viviendo por todo el país, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos ha llamado a una reunión urgente a las partes donde intentará desbloquear la protesta. Este propondrá transferir la gestión de las licencias a las Comunidades. Los taxistas exigirán el cumplimiento de la relación 1-30 que señala la ley. En caso contrario se levantarán sin acuerdo y mantendrán los paros y los bloqueos.
Por el momento, los taxistas ya pueden presumir de una nueva victoria parcial, el cese de Joaquín del Moral Salcedo, director general de Transportes Terrestres, cargo que ocupaba desde 2016, y artífice del recurso contra la normativa del área metropolitana de Barcelona.
