Mucho ruido y pocos anuncios claros y concisos. Es la sensación que se ha establecido en la actualidad en torno al futuro de las vías rápidas de nuestro país. Así, si un día surge la noticia de que no van a prolongar los contratos de las autopistas, que finalizan contrato en 2019 y las van a hacer de acceso libre, al día siguiente llega la nueva de que cobrarán por el uso de las autovías. Ahora, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, señaló que podrían abaratar el uso de las autopistas quebradas y rescatadas.
Estas declaraciones las realizó en un Desayuno Informativo organizado por la agencia de noticias Europa Press. En total, son nueve las autopistas que se verían afectadas por esta medida: las cuatro radiales de Madrid (R2, R3, R4 y R5), la de Madrid-Toledo (AP41), la de Ocaña-La Roda (AP36), la de Cartagena-Vera (tramo de la AP7), la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas (M-12) y la circunvalación de Alicante (tramo de la AP7). Precisamente, todas las que ahora se encuentran bajo la gestión de Seittsa.
Objetivo: mayor afluencia de las carreteras
Ábalos declaró la intención de su ministerio de rebajar el coste de uso de estas autopistas para que tengan “precios razonables” y para que representen “ciertas ventajas para los vecinos”.
Con esta medida esperan una mayor utilización por parte de los vecinos, especialmente las que sirven de entrada a Madrid, para que cumplan con las funciones con las que se proyectaron pues, la realidad muestra que las autovías y circunvalaciones sufren atascos a diario en las horas punta, mientras que las radiales apenas cuentan con afluencia de tráfico. En el momento del rescate de estas autopistas hubo alguna que presentaba una densidad del tráfico de solo un 20 % con respecto al que se esperaba que acogieran.
Nuevo concurso
Por el momento no se prevé volver a sacar a concurso la gestión de las autopistas. O, al menos, no lo harán para su control por parte de empresas privadas. El ministerio de Fomento está calculando el importe real que supuso el rescate de las autopistas en la anterior legislatura, que se cifró en 4.000 millones, aunque podría ser superior, según algunos indicios del nuevo titular de la cartera.
Solo entonces se plantearían volver a sacar a concurso las autopistas para su gestión privada, aunque con mayores herramientas de control sobre uso, mantenimiento e ingresos.
