Si hace unas semanas informábamos del acuerdo para endurecer la normativa de homologación de los vehículos alcanzado en Bruselas, ahora aquel se ha convertido en una ley aprobada por la Eurocámara y entrará en vigor en septiembre de 2020. El objetivo es evitar que se vuelva a producir un escándalo como el del diéselgate.
En él, una marca pudo instalar un software irregular en las centralitas de sus coches; este era capaz de detectar el momento en el que se le estaba sometiendo a un examen (homologación o ITV) por el que variaba su comportamiento para reducir los consumos y emisiones. De esta forma, superaba las pruebas. Aquella firma era Volkswagen, aunque esa práctica se expandió al resto de marcas del grupo (Porsche y Audi, por ejemplo); ya hay quien ha sido condenado a pena de cárcel. Aunque no fue la única, pues ha habido investigaciones sobre Daimler, BMW, Renault, Peugeot y Citroën, por ejemplo.
A partir de la fecha en la que entre en vigor el nuevo marco legal, cada país contará con un organismo independiente y sin intereses encargado de realizar las pruebas. Además, se hará al menos una inspección por cada 40.000 vehículos matriculados. Y, de ellas, por lo menos el 20 % de esos controles deberán centrarse en el nivel de emisiones.
Estas pruebas serán aleatorias, y no preestablecidas en un laboratorio; algo que hacía hasta ahora. Estarán encaminadas a detectar incumplimientos en una fase temprana para conseguir un elevado nivel de seguridad y eficiencia medioambiental de los vehículos.
Con este nuevo marco legal, en caso de encontrar algún aspecto del coche que no coincide con las especificaciones con las que se ha presentado y vendido, este organismo tiene la capacidad para ordenar la retirada del vehículo. Podrá ser de una fase de la producción o de todos los que se hayan fabricado. Y, llegado el caso, se podrán imponer a los fabricantes sanciones de hasta 30.000 euros por cada vehículo irregular vendido.
El último punto importante del cambio está en la publicación de toda la información interna relativa al vehículo. De esta manera, los talleres oficiales y los independientes podrán reparar los automóviles en igualdad de condiciones en lugar de como sucede como hasta ahora; pues hay operaciones de mantenimiento y reparaciones que solo se pueden realizar en la “casa oficial”.
La segunda parte de esta normativa está en que abre la posibilidad a que los fabricantes de componentes puedan crear nuevas piezas para los vehículos; por lo que talleres y conductores podrán elegir entre un mayor abanico de posibilidades para la reparación de un vehículo. Ahora, en muchos casos, solo pueden optar por el recambio original.
El último aspecto a valorar que deja este punto, y que llevan reclamando las marcas desde hace años, está en que al hacer pública esta información se darían mayores facilidades a los piratas informáticos para entrar en las centralitas y sistemas electrónicos de los vehículos y alterar el funcionamiento normal de estos.