El pleno del Parlamento Europeo ha iniciado el proceso de creación de una nueva normativa que endurecerá el procedimiento para homologar los coches en Europa. Dicho marco regulatorio debería entrar en vigor el 1 de septiembre de 2020 y será de obligado cumplimiento para todos los países comunitarios.
La iniciativa salió adelante con la aprobación de la mayoría de la cámara, que contó con 547 votos a favor, 83 en contra y 16 abstenciones. Esta nueva legislación busca reforzar la independencia del proceso de homologación, evitar conflictos de intereses y aclarar las responsabilidades nacionales y de los centros que realicen las pruebas, según señala Europa Press.
La nueva normativa tiene que definir aún muchos aspectos, aunque ya trabaja con un proyecto base. La homologación se hará en condiciones de tráfico real, pero, además, se realizarán inspecciones de, al menos, un coche de cada 40.000 vendidos en cada país. De estas pruebas, el 20% se centrará en las emisiones contaminantes.
En caso de encontrar anomalías, se podrán solicitar nuevas inspecciones sobre otras unidades del modelo ya vendidas y, si se repiten los datos, será posible iniciar una llamada a revisión masiva. Como última opción quedará la retirada del coche del mercado.
Además, se prevén indemnizaciones de hasta 30.000 euros a los propietarios de los vehículos afectados por la irregularidad detectada, que podrían solicitar en caso de tener que devolver o arreglar el coche (algunos vehículos del diéselgate van peor tras ser reparados).
El último punto importante de esta normativa está en que las marcas tendrán que hacer pública la información que afecta al funcionamiento de sus coches, aquella relativa a las centralitas y los diferentes sistemas que lo componen. En la actualidad, el fabricante se reserva parte de esta información por miedo al pirateo de componentes (para que nadie se los copie) y de los hackers (para que no alteren el funcionamiento de los sistemas de ayuda a la conducción o a la seguridad del coche).
Así te pueden hackear el coche
Ahora tendrán que dar a conocer esta información para que los talleres independientes puedan arreglar los vehículos en las mismas condiciones que los oficiales: estos mantienen el monopolio en algunas operaciones, especialmente en as que implican aquellos componentes que están controlados por la centralita electrónica (reparación y sustitución de partes del motor, por ejemplo).
La publicación de esta información servirá, además, para evitar la aparición de sistemas sospechosos de trucar el funcionamiento del vehículo en situaciones de control, como sucedió en el caso del diéselgate.
Este nuevo marco normativo prevé la creación de un organismo supranacional que reunirá las competencias sobre homologaciones y regulaciones en el sector del automóvil, como sucede en Estados Unidos con la EPA (Environmental Protection Agency – Agencia para la Protección del Medio Ambiente) y el NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration – Administración Nacional para la Seguridad en las Carreteras). Tendría la potestad de sancionar a los fabricantes y controladores que no cumplieran con la normativa.