En estas últimas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está más volcado que nunca en la imposición de nuevas normativas que reduzcan las emisiones de gases contaminantes en nuestro país. El objetivo es conseguir una movilidad sostenible, potenciando principalmente el uso de energías alternativas en la mecánica de los vehículos. Es por esto que hace tan solo unos días propusieron prohibir la venta de coches diésel y gasolina en 2040, y la prohibición de la circulación de estos motores en 2050. El objetivo es que en unos años, todos circulemos con automóviles ecológicos. Más concretamente, eléctricos.
Para esto, también pretenden que cerca de 1.200 gasolineras tendrán que convertirse en electrolineras a corto plazo. Es decir, en estaciones públicas que cuenten con puntos de carga para coches eléctricos. Algo para lo que tendrán que realizar una inversión considerable, pues, de lo contrario, podrían enfrentarse a una multa de 30 millones de euros.
En resumen, son decisiones que marcarán un antes y un después en términos de movilidad y sostenibilidad. Pero tras las reticencias iniciales de los conductores se suman unas nuevas e inesperadas: la Unión Europea.
Tal como ha informado Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, en una entrevista para La Tribuna de la Automoción, parece ser que la UE no termina de ver claro este proyecto de nuestro Gobierno. Decimos esto, porque según Arias Cañete, las Cámaras europeas no estarían de acuerdo en imponer unas normas tan restrictivas. Sobre todo, teniendo en cuenta las repercusiones que pueden surgir.
Ante esta situación, el comisario asegura que la UE está analizando la situación. De momento no se han pronunciado ni a favor, ni en contra, pero como dice la Comisión pretende “establecer trayectorias con la contribución de cada sector a la descarbonización”. Una misión que no tiene por qué traer consigo la proposición de medidas tan prohibitivas.
Además de todo lo anterior, la Cámara europea está en pleno debate sobre la reducción de las emisiones. Todavía no se ha llegado a un acuerdo firme que determine si, de cara a 2040 esta disminución de gases contaminantes será del 35 o el 45 %. Existe una gran diversidad de opiniones en este punto y, según Miguel Arias Cañete, si no se logra un consenso en esta legislatura, el objetivo se mantendrá en 95 g/km. Un baremo que no iría en el camino de “atajar las emisiones”, como señala el comisario.
Asimismo, en lo referente a la nueva política de convertir las gasolineras en electrolineras, Arias Cañete también tiene algo que decir. Para él, este aumento de puntos de carga no solo debe centrarse en este tipo de estaciones. De hecho, si queremos acabar con uno de los principales problemas de los coches eléctricos, que es la escasez de puntos de recarga para sus baterías, debemos llevar a cabo estas inversiones en otras zonas. Se trata de crear más puntos de recarga públicos y, por ello, no solo tenemos que centrarnos en las gasolineras.