El culebrón llega a su fin y la Cominisión Europea desestima finalmente que nuestras carreteras vayan a ser íntegramente de pago. En su lugar solicita un impulso del transporte ferroviario de mercancías para así reducir las emisiones.
En un momento en el que el precio de la vida se ha disparado, ya no solo a nivel alimenticio sino también en lo que se refiere al sector del automóvil, con los precios de los coches por las nubes y el litro de combustible volviendo a rozar sus máximos históricos, la Comisión Europea ha anunciado que descarta de manera definitiva el plan de España para introducir peajes en las autopistas a partir de 2024.
Y es que la nueva agenda aprobada por Bruselas tiene como objetivo movilizar un total de 93.500 millones de euros adicionales de los fondos europeos Next Generation. De esa cantidad, 7.700 millones se invertirán transferencias y 83.200 millones de euros en préstamos, además de los casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo para financiar la transición verde RepowerEU. Esta partida se suma a los 37.036 millones de euros que España ha recibido hasta la fecha y abre también la puerta a la solicitud de forma inminente del cuarto pago de 10.000 millones de euros.
Fuentes comunitarias han explicado que lo que convenció a la Comisión para aceptar la sustitución fue que el sistema revisado de comercio de derechos de emisión incluye ya el transporte por carretera y las viviendas, por lo que ya se prevé que estos sectores paguen por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que la eliminación del plan para introducir el pago de peajes en autopistas a partir de 2024, que se ha sustituido por el impulso al transporte ferroviario con el fin de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que Bruselas considera que mantiene el nivel de ambición de la anterior medida y aborda las recomendación específicas para España en este ámbito.
El ejecutivo comunitario ha considerado que el anterior hito que recogía el plan representa un solapamiento parcial con el ámbito de aplicación de esta nueva normativa, de modo que el sector del transporte por carretera ya quedará cubierto. Por último, se ha retrasado un año el compromiso de adoptar una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte debido a los retrasos provocados por un proceso legislativo que ha sido más largo de lo previsto.