Apenas 24 horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantara el confinamiento perimetral de Madrid y otras ocho localidades de la Comunidad (Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla, Leganés, Alcobendas y Torrejón de Ardoz, sale del grupo Alcalá de Henares) por ir en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decretado el Estado de Alarma sobre la región por lo que se restringe la movilidad de las mismas ciudades.
Este Estado de Alarma no obliga a permanecer en sus casas a la población. Permitirá la circulación por el interior de sus términos municipales, aunque se recomienda reducir al máximo los desplazamientos y las reuniones de grupo. Pero no permitirá salir de dichas poblaciones si no hay causa justificada.
El objetivo es detener la propagación del Covid-19 a las puertas del puente del Pilar y evitar la salida de los madrileños hasta segundas residencias o puntos de vacaciones. Así, desde la misma tarde del viernes llegarán los controles a las carreteras de Policía y Guardia Civil de Tráfico para evitar las salidas.
El incumplimiento de esta normativa conllevará una multa que variará entre los 600 y los 6.000 euros dependiendo de la gravedad.
El Estado de Alarma es una herramienta recogida en la Constitución que permite adoptar medidas de excepción en situaciones difíciles como la pandemia que se ha instalado en nuestro país. Tiene una validez de 15 días, tiempo tras el que necesita el apoyo del congreso para que se pueda prorrogar.
Ahora falta por conocer los siguientes movimientos de los involucrados porque, tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el Ayuntamiento ya ha habido manifestaciones en contra de esta medida. Entre estas, ya ha habido quien apuntado que hará una consulta al Tribunal Constitucional. Las dudas llegan sobre si este Estado de Alarma se puede aplicar a un único territorio o está concebido para el total de la nación, lo que haría ilegal aplicarlo solo a unas poblaciones.
Desde la Comunidad de Madrid insistían en que las medidas que estaban poniendo en marcha eran válidas para contener el virus y que ya estaban dando sus primeros resultados. Estas pasaban por el confinamiento perimetral de hasta 37 áreas básicas sanitarias, tanto de la capital como de otras poblaciones, que presentaban una tasa de infección de 1.000 contagiados por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo esto era insuficiente para el Gobierno central, que pedía restricciones a la movilidad inmediatas en las zonas que presentaran una tasa de infectados de 500 habitantes por cada 100.000 habitantes. El Gobierno de la Comunidad reiteró su deseo de confinar solo áreas sanitarias y rebajó la cifra estándar para aplicarlas a 750 contagiados por cada 100.000 habitantes, algo que siguió siendo insuficiente para el Ejecutivo que terminó por decretar el Estado de Alarma.
Y esta vez sin un plazo de 48 horas como sí sucedió en marzo, plazo que aprovecharon muchos entonces para desplazarse a segundas residencias y viviendas familiares para una mayor propagación del virus.