Ante la marabunta de anuncios de regulaciones, limitaciones de uso y prohibiciones de venta que se han anunciado en toda Europa, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez no quiere ser menos y ha planteado la prohibición de la venta de vehículos de gasolina, diésel e híbridos en 2040. De salir adelante, a partir de esa fecha solo se podrían vender vehículos eléctricos o de pila de hidrógeno. Y a partir de 2050 estaría prohibida la circulación por nuestras carreteras de coches con motores térmicos.
Esto es, al menos, lo que recoge la Ley de Cambio climático y Transición Energética en la que está trabajando el Ministerio de Transición Ecológica y al que ha tenido acceso el medio digital eldiario.es. En esta se imponen los plazos para la reducción de emisiones directas de CO2 de turismos y vehículos comerciales. Entre las fechas señaladas se sitúa el 2040 como el de la prohibición de los vehículos con motores térmicos.
Esto es algo que Deloitte ya lo recomendó hace un año y sobre lo que diferentes estudios señalan el rechazo de los ciudadanos. Además, las ciudades con más de 50.000 habitantes deberían tener zonas de bajas emisiones antes del año 2023.
Europa ya trabaja con un proyecto de reducción de emisiones de CO2 de un 35 % para 2030 y la ley en la que trabaja España no difiere demasiado de las ya vistas en otros países comunitarios. Así, Reino Unido y Francia ya han anunciado que prohibirán la venta de diésel y gasolina en 2040. Y estos son los más permisivos pues Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda quieren hacerlo en 2030 mientras que Noruega está dispuesta a adelantar esta fecha a 2025.
Las marcas de coches, sabedores de que este cambio de mecánicas se aproxima ya han iniciado su retirada de los catálogos. Así, más allá de las marcas que ya han anunciado que dejarán de vender propulsores de gasóleo las hay que han indicado que pronto se centrarán en la producción de eléctricos, como Volvo o Porsche, que ya ha dicho que se centrará en los híbridos y eléctricos.
Por otro lado, ya hay compañías eléctricas que han anunciado que aumentarán su apuesta por las conexiones para la carga de vehículos eléctricos. Así, Endesa e Iberdrola pretenden aumentar el número de electrolineras en nuestro país a 5.000 (en la actualidad solo hay 400).
En esta nueva ley la Administración General del Estado no invertirá, participará o empleará instrumentos financieros para “la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles”, según señala el mismo medio. También vetará las actividades de fracking. En cambio pretende volcar esas inversiones en energía renovables.
El primer paso será la creación de un marco normativo estable que permita la implantación de estos sistemas de creación de energía. El objetivo es crear un mínimo de 3.000 Megavatios al año. Y que en el año 2030 el 70 % de la energía que aquí empleemos provenga de fuentes de energía renovable.
Sin embargo, no señala el modo en el que aumentará el número de puntos de carga para los propietarios de vehículos de energías alternativas, cómo abastecerá la demanda de energía en las horas de mayor saturación de la red ni si subvencionará la compra de estos modelos o la jubilación de los modelos con mecánicas “térmicas” antes de la llegada de la fecha indicada.