El Gobierno de España comprará 130 coches de Policía para que Marruecos vigile sus fronteras ante la crisis migratoria que estamos viviendo. Lo hará con fondos europeos, a través de la Fundación Internacional y Para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (una fundación que lleva varios proyectos de cooperación con Latinoamérica y África) y supondrá la inversión de 8,6 millones de euros (66.500 euros por coche).
El pliego de condiciones se publicó en el BOE el pasado 3 de noviembre, como bien revela OK Diario, y entre estas se encuentra la posibilidad de que la entrega se realice en Rabat (Marruecos). La adjudicación se realizará el próximo mes, en diciembre, aunque no se ha especificado fecha en la que se producirá la adjudicación.
Estos 8.651.500 euros (impuestos incluidos) invertidos saldrán del Fondo Fiduciario de emergencia de la Unión Europea para África (dotado de 1.800 millones de euros) por lo que no supondrán coste alguno para las arcas públicas españolas. Sin embargo, las quejas por parte de las asociaciones y sindicatos de Policía y Guardia Civil españolas no se han hecho esperar.
Lamentan el estado en el que se encuentran los vehículos que utilizan a diario, el escaso mantenimiento que tienen, el exceso de kilómetros acumulados y la poca preocupación que desde el Gobierno han tenido con sus quejas y reivindicaciones, algo que sí han hecho con las necesidades del Gobierno de Marruecos con la tramitación de estos vehículos que, tratándose de un proyecto europeo, podría haber gestionado cualquier otro país comunitario.
El pliego de condiciones de la licitación apunta que será una “contratación mixta de suministro en régimen de adquisición de 130 vehículos con rejilla para apoyar al Ministerio del Interior de Marruecos”.
Además, apunta a que esta tramitación se produce “en el marco del Proyecto Apoyo a la gestión integrada de fronteras y de la migración de Marruecos, con garantía técnica y provisión de entrega en Rabat y servicio de formación en mantenimiento de los vehículos y posibilidad de aportación de mejoras sobre estos”.
Aquí podría estar la segunda parte de la polémica pues el pliegue de condiciones limita mucho las marcas que podrían optar a este contrato público. Apenas un puñado de marcas podrían beneficiarse, sobre todo las de origen galo.