Si hace unos días conocíamos una condena por el modo en el que los radares actuaban para medir el exceso de velocidad, que se traducían en sanción económica y resta de puntos, hoy hemos podido conocer un nuevo fallo contra Tráfico. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha sentenciado que el sistema de cursos para la recuperación de puntos del carné de la DGT restringe la competencia y afecta de forma negativa a los conductores.
Esta sentencia llega tras la denuncia interpuesta por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) que ha sido la encargada de dar a conocer este resultado judicial.
Con la entrada en vigor del carné por puntos en 2006 llegó la necesidad de crear un sistema de recuperación de puntos para los conductores que los agotaran. Desde Tráfico se ideó una serie de cursos de formación que concedió en exclusiva a CNAE, la Confederación Nacional de Autoescuelas. Esto desde un primer momento provocó las quejas del sector, entre los que se incluye AEA y otras asociaciones de autoescuelas como Audica.
Consideraban que se restringía la competencia y los conductores perdían derechos al no poder elegir el centro. Según señala AEA, solo un 5 % de las autoescuelas de nuestro país están homologadas para dar estos cursos, unas sesiones por las que han pasado ya 600.000 alumnos.
Además, aluden también a la ausencia de competencia, por lo que los precios son impuestos sin los rigores propios del mercado. Esto ha provocado que apenas haya diferencias de costes. Todo lo contrario de lo que sucede en Francia donde implantaron el carné por puntos y los cursos de recuperación antes que en España. Allí, en París por ejemplo, al haber competencia, se pueden encontrar importantes diferencias de precio. Así, en el Distrito Veinte hay tarifas de 130 euros y en el Distrito Nueve de unos 250 euros.
Según el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional queda anulado el acuerdo de licitación de los cursos de formación según la orden del Ministerio del Interior INT/2596/2005 de 28 de julio. Sin embargo, a la DGT le queda la posibilidad de solicitar un recurso de casación al Tribunal Supremo.