El pasado 15 de junio, el Gobierno de Pedro Sánchez dio a conocer un Plan Estatal para la Automoción de la mano de los principales agentes del motor por el que pretendía impulsar el segundo sector en importancia para el PIB de nuestro país. Este incluía una serie de ayudas a la compra que estarían divididas en el Plan Renove y el Plan Moves, este último específico para los vehículos ecológicos y dotado de 100 millones de euros. A menos de una semana para que se cumpla el primero de los procedimientos (pueden solicitarlas hasta el 17 de septiembre), solo tres Comunidades Autónomas las han solicitado y puesto en marcha.
Cabe recordar que, aunque estos planes han sido ideados y dispuestos por el Ejecutivo Central, son las comunidades autónomas las que tendrán las competencias para el reparto de las ayudas entre los interesados. Y el desinterés de estas ha sido mayúsculo, precisamente en unos momentos en los que el mercado se encuentra en cifras similares a las que mostró durante la crisis de 2008.
Las Comunidades Autónomas que ya han iniciado este plan son la Comunidad Valenciana, desde el 28 de julio y ya ha agotado el 40 % de su presupuesto; la Comunidad de Madrid, desde el 19 de agosto y ya ha comprometido su dotación aunque aún no ha realizado las primeras entregas por no tener registradas las bases; y Aragón, desde el 4 de septiembre que ya ha agotado el 41 % de su presupuesto.
El Gobierno ha vuelto demostrar buenas intenciones pero una mala ejecución de su plan. Ya sucedió con el primer Plan Moves en el que hubo comunidades autónomas que agotaron su dotación cuando comunidades vecinas aún no lo habían puesto en marcha derivando muchas ventas entre regiones y creando desigualdades de oportunidades en la venta. En la mayoría de los planes de ayudas anteriores durante la democracia se gestionaron desde organismos dependientes del Gobierno Central.
Y, a esto se ha sumado la aparente falta de interés de las propias Comunidades Autónomas para disponer de estas ayudas a la compra de coches nuevos.
Estas ayudas estaban dotadas de hasta 5.500 euros para los usuarios y se podían beneficiar vehículos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y de pila de combustible, así como vehículos comerciales, camiones y autobuses, motocicletas y bicicletas. Además, estaban pensadas para particulares y empresas.