La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) investiga prácticas anticompetitivas en el mercado de servicios de inspección técnica en carretera de vehículos comerciales. Así lo han publicado a través de un comunicado en el que detallan sus sospechas acerca de un posible cártel relacionado con las licitaciones concedidas por Tráfico.
Al parecer, estas empresas habrían llegado a acuerdos ilegales para repartir y manipular las licitaciones que convocó la DGT. Un hecho que todavía está por demostrar y que, si resulta ser cierto, iría directamente contra lo establecido en la Ley de Defensa de la Competencia vigente.
En junio, la propia DGT alertó al CNMC sobre las posibles prácticas ilegales que se estaban llevando a cabo. Y, acto seguido, este organismo decidió iniciar una investigación en profundidad. De hecho, los días 11 y 12 de septiembre ya se produjeron diversas inspecciones domiciliarias en las sedes de algunas ITV móviles. No obstante, como se trata de una investigación en curso, no han detallado cuáles son las compañías investigadas.
Es más, según dicen, “las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación […] y no prejuzgan el resultado ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. En cambio, si se demuestra que estas prácticas ilegales son ciertas, las compañías afectadas se expondrán a un expediente sancionador.
Llegar a un acuerdo entre competidores se considera una infracción muy grave, desde el punto de vista legal. Por ello, la sanción económica puede suponer hasta el 10 % del volumen de negocio total de las empresas infractoras. En otras palabras, una suma difícil de asumir para este tipo de compañías.
Sin embargo, la CNMC también ofrece un Programa de Clemencia, para avanzar en sus averiguaciones. Es un programa diseñado para que las empresas involucradas puedan librarse de pagar la multa a cambio de información. Eso sí, la información que tienen que aportar debe suponer un valor significativo para la investigación. Como dicen desde Competencia, esta es una de sus prioridades de actuación, dado que tiene graves consecuencias para el consumidor y también para el funcionamiento de los mercados.