Si hace unos días informábamos de que un portavoz de la Unión Europea se mostraba favorable a la prohibición de la venta de vehículos diésel en las Islas Baleares a partir de 2025 y los gasolina a partir de 2035, ahora Bruselas se ha admitido a trámite la denuncia que presentó Anfac, la patronal de los fabricantes, ante la nueva ley de Cambio Climático que debía ponerse en marcha en las próximas semanas.
Desde la sede de la Unión Europea quieren estudiar detenidamente el caso, su viabilidad y cómo afecta a la zona y los usuarios. Además, también han encontrado un defecto de forma en la tramitación de la ley del cambio climático. Y es que el gobierno de la Comunidad Autónoma no notificó el Proyecto de Ley a la Comisión Europea a su debido tiempo. Tenía tres meses de plazo para hacerlo, pero no cumplieron. Y ahora podrían pagar el desconocimiento del funcionamiento del marco normativo.
Desde este mismo momento, el gobierno comunitario tiene un año para analizar el caso y pronunciarse. Si entienden que existe una violación del derecho de la Unión Europea, se solicitará un informe al Ejecutivo nacional y, dependiendo del resultado de este, se podría dar validez o no a la ley de cambio climático balear. En este último caso, la ley quedaría suspendida y no saldría adelante.
Choque de declaraciones
Esto choca con las declaraciones de un portavoz de la Comisión Europea hace unos días. Ferrán Tarradellas, representante para la Comisión Europea en Cataluña e Islas Baleares señaló señaló “que haya unos objetivos comunitarios no supone ningún obstáculo si alguien quiere ir más lejos“, declaraciones que recogió el Diario de Mallorca. Esto lo hizo en relación a que la normativa balear es mucho más restrictiva que la pretendida por la Unión Europea que simplemente ha proyectado la reducción de las emisiones de los coches nuevos en 2030.
Y añadía: “La ley de Cambio Climático, así como la de ley de Residuos, nos parecen interesantes. Por ahora, la impresión es que las islas cuentan con una política ambiental muy ambiciosa“, dando a entender que apoyarían una próxima restricción a la venta de vehículos térmicos y la próxima sustitución por energías limpias. Ahora, esta sintonía inicial cambia.
Un paso más allá
La Ley del Cambio Climático de las Islas Baleares surgió en septiembre del año pasado, solo unos días después de que el Gobierno de España declarara la guerra al diésel por boca de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica. Sin embargo, el Gobierno de las Islas Baleraes -comunidad presidida por Francina Armengol (PSOE)- no se quedó ahí. Quiso ir más allá y añadió la prohibición a la gasolina aunque a un plazo mayor.
Según contaba ABC cuando surgió la noticia, el Gobierno balear tenía la intención de presentar en el parlamento regional una propuesta para prohibir la venta de nuevos vehículos diésel en 2025 y de nuevos gasolina en 2035. La iniciativa, podría iniciar su trámite en las próximas semanas.
Críticas al plan del gobierno balear
No tardaron en llegar las críticas a esta iniciativa balear. Así, si la venta de vehículos diésel y gasolina nuevos iría desapareciendo de forma progresiva en el archipiélago balear. Al otro lado de la balanza están los ecológicos, como los eléctricos e híbridos. Estos coches serían los potenciales beneficiados de la medida. También el transporte público, del que se espera potenciar su uso. En su caso exigirán que sean GLP y el GNC; y en una década, eléctricos.
Esta propuesta ha recibido el rechazo de la Confederación de Empresarios de Baleares (CAEB), primero. Para ellos, va en contra de la unidad de mercado. “Puede perjudicar a muchos sectores” explicó Carmen Planas, su presidenta. Además, lo ven discriminatorio, pues no afectaría a otras comunidades; e incongruente, pues los coches más antiguos, los más contaminantes, van a seguir circulando.
A estos, en las últimas fechas se ha unido Anfac, cuando hace unos días presentó en la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, una denuncia por considerar esta ley “arbitraria, inidóneas y desproporcionadas”. No entendía los límites al libre mercado ni la restricción a partir del año 2035 a la entrada de otros vehículos radicados fuera de la comunidad. Las consideraba “inéditas en Europa” y contrarias a la “Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado”. Sin embargo, desde Bruselas se han posicionado del lado del gobierno regional dando vía libre a la tramitación de esta normativa.
Quieren ser pioneros en energías alternativas
Marc Pons i Pons, Conseller de Territorio y Movilidad de las islas, afirmó cuando se anunció la iniciativa que con este plan se pretendía mejorar la calidad del aire en Baleares. “El cambio de modelo puede ser una baza a favor para el turismo, para que vean modernidad y apuesta por el medio ambiente”, relató.
También explicó que desde la Administración se espera crear empleo e incrementar el PIB. Quieren convertirse en un gobierno autonómico pionero en este tipo de iniciativas. Aspiran a ser líderes en la transición hacia las energía alternativas.
Texto: Carlos Olmo y Carmen P. Mulero
