Es un runrún que lleva sonando desde hace ya unos meses, desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, y que hoy entra en vigor. Las autopistas rescatadas rebajan el coste por uso un 30 %, con el objetivo de aumentar la utilización y descongestionar así otras vías que tienen que soportar un importante tráfico en determinadas horas. Y aumentar los ingresos que dejan ante esta mayor utilización.
Las autopistas que se ven afectadas por esta medida son la AP-41 (Madrid-Toledo), las R-2, R-3, R-4 y R-5 (todas con origen en Madrid), la AP-36 (entre Ocaña y La Roda), la AP-7 (entre Cartagena y Vera y la circunvalación de Alicante) y la M-12, que conecta el aeropuerto de Madrid con la M40. Esta medida se suma a la eliminación del peaje en la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava). Además, recientemente estas vías cambiaron la empresa que se dedicaba al cobro de los peajes. Pasaron a Seittsa, compañía pública que ha asumido la explotación de estas vías.
Hay que recordar que estas autopistas fueron rescatadas durante el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Esto supuso una inyección de 5.000 millones de euros. Pero en este rescate no solo intervino el Estado, también hubo inversores privados que desean recuperar esta inversión, lo mismo que las empresas que disfrutaban de su control hasta ahora.
Ante esta situación, José Luis Ábalos, ministro de Fomento, aseguró en un foro organizado por El Economista que ya han cuantificado el déficit. Además, no se descarta volver a licitar estas mismas autopistas en el futuro. Aunque advierte que los plazos no serán atractivos para los futuros inversores.
No es el único movimiento que ha realizado el ministerio en los últimos días. Ábalos anunció el pasado viernes, en el momento en el que se presentaron los Presupuestos Generales del Estado, que tienen previsto iniciar una licitación de 2.500 millones de euros para la construcción y mantenimiento de carreteras en los próximos dos o tres meses. Y los primeros 1.000 millones se aprobarán en las próximas semanas.