autopistas
Los conductores españoles pueden estar de celebración. Finalmente la promesa que hizo, José Luiz Ábalos se ha cumplido o, por lo menos, una de ellas. A partir de las 0:00 de esta noche, la AP-1 dejará de ser una vía de pago, por lo que cualquiera podrá circular de Burgos a Armiñón (Álava), gastando únicamente lo que requiera el depósito de su vehículo. Pero, sin duda, lo mejor de esta noticia es que no será un caso aislado. El Gobierno tiene planeado eliminar los peajes de las autopistas cuya concesión termina entre 2018 y 2021, y esto supondría el primer paso para lograrlo.
En total, más de quinientos kilómetros que pasarían a depender del Estado; es decir, a ser de titularidad pública y no privada, como hasta ahora. Este será el encargado de su mantenimiento. De hecho, Ábalos afirma en el citado medio que supondrá a las arcas públicas un gasto de “de 50.000 a 68.000 euros por kilómetro cada año”. En total, el gasto que se tendrá que afrontar anualmente se situará entre los treinta y los cuarenta millones de euros.
Las primeras vías en beneficiarse de esta medida serían tres autopistas. La primera, la ya mencionada AP-1 Burgos Armiñón. La segunda es la AP-4 Sevilla-Cádiz, que expira a finales de 2019; se trata de un tramo de 93,8 kilómetros y es, actualmente, propiedad de Abertis.
Por último, la otra gran beneficiada será la AP-7 Alicante-Tarragona, cuya concesión finaliza en diciembre de 2019; también es propiedad de Abertis. De esta, una de las más transitadas por ejercer de eje de comunicaciones en el Mediterráneo, se liberarían dos tramos; un total de 373,8 kilómetros. Su liberalización sería una de las más aplaudidas por los transportistas.
La gratuidad de las tres autopistas restantes (la AP-7 Zaragoza-Mediterráneo, la AP-2 Tarragona-La Jonquera y la AP-7 Montmeló-El Papiol) tendrá que esperar. Su concesión termina en el año 2021, y para entonces habrá un nuevo Gobierno. De la decisión que tome este Ejecutivo dependerá el que sean públicas o sigan en manos privadas.
Obviamente, los detractores que se han levantado contra la medida han sido las grandes empresas. Las constructoras y las concesionarias no ven con buenos ojos el que estos tramos pasen a ser públicos. Muchos de ellos, como la patronal de constructoras y concesionarias Seopan, ya han alertado del elevado impacto que esta medida tendrá en las cuentas públicas.