Anfac, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ha lanzado una propuesta al Gobierno que ayudaría a la implantación de los vehículos ecológicos en nuestras calles y que ayudaría a conseguir los objetivos marcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española presentado la semana y por el que se espera que en 2023 haya 250.000 coches electrificados en España. Entre otras propuestas, ha solicitado la puesta en marcha de una tercera edición del Plan Moves que estaría dotado de 450 millones.
Además, apunta a la reforma de la fiscalidad de la automoción con especial atención a lo referente al impuesto de matriculación y al modo en el que van a aumentar los precios de los vehículos a partir del 1 de enero. El cambio en la homologación de los coches, hasta ahora realizadas según el protocolo NEDC y a partir del 1 de enero según el ciclo WLTP, los vehículos aumentarán algunas de sus cifras homologadas como la del consumo y la de las emisiones.
Precisamente esta última es la que regula si un coche nuevo debe pagar impuesto de matriculación, si supera los 120 g/CO2 por km, y la cuantía de este impuesto, hay varios tramos de emisiones y pagos. Y, según cálculos de Anfac, hasta el 50 % de los coches a la venta estarán obligados a pagarlo o cambiarán de tramo por lo que verán incrementada su factura final.
Según ha indicado Anfac en una nota de prensa, este Plan Moves III constaría de 450 millones de euros de los que 250 millones estarían destinados al impulso de la compra de coches ECO o Cero emisiones, con un sistema de reparto similar al establecido en el Plan Moves que aún está activo, mientras que los 200 millones restantes irían a la implementación de infraestructuras.
En este caso, apuntan a la importancia de la expansión de conexiones eléctricas parar facilitar el acceso a esta tecnología a aquellos que no tengan garaje. Así, de salir adelante estas ayudas entienden que el 31 de diciembre de 2022 podría haber hasta 48.000 puntos de recarga de acceso público y que al menos haya uno por cada 100 km en la Red Básica de Carreteras y Red General de Carreteras del Estado, mientras que en 2025 podría haber 110.000 conexiones y en 2030 había 340.000 puntos de carga.
Junto a este plan, también han solicitado un cambio en la fiscalidad. Pretenden modificar el impuesto de matriculación para que la cifra mágica que permita a un vehículo librarse de esta tasa suba de 120 a 144 g/CO2 por km en consonancia con el cambio en el modo de calcular las emisiones.
Señalan que, con la subida de precios que se prevé a partir del 1 de enero, el mercado se estancará aún más, algo peligroso para un parque móvil que se acerca a los 13 años de media, con unos niveles de emisiones muy superiores a los de los vehículos térmicos actualmente a la venta.
Y es aquí donde ponen el punto de mira. Aunque los coches térmicos sigan emitiendo, la sustitución de vehículos de más de una década por otros nuevos permitirá rebajar los niveles de carbonización de nuestras ciudades.
A esto también ayudará la progresiva pérdida de vehículos en nuestras calles ante el envejecimiento de la población y las nuevas formas de movilidad de la población joven que prefiere el pago por uso a la propiedad de un vehículo.