Abandonar a un fallecido en carretera ya tiene precio: cuatro años de cárcel. Lo ha aprobado el Pleno del Cogreso de los Diputados y se realizará a través de una reforma de tres artículos del Código Penal.
Esta Proposición de Ley se ha llevado a cabo para endurecer las sanciones a los conductores que atropellen a ciclistas, introduciendo una pena de hasta cuatro años de prisión por abandono de un fallecido.
Incluye como delito la omisión del deber de socorro a una persona implicada en un accidente. Así, si se abandona a una persona que hubiera sufrido lesiones, la pena será de tres a seis meses de prisión o una multa de seis meses a cuatro años. “Si esta actitud de abandono afecta a una persona que falleciere a consecuencia del accidente, la pena será de seis meses a cuatro años de prisión”. El Partido Popular ha indicado que su objetivo es ampliar esta última pena hasta los nueve en caso de improcedencia grave frente a los atropellos de ciclistas.
Con esta reforma se tipifica de manera más clara lo que es una imprudencia grave. Así, cualquier conducción que atente contra la integridad de las personas, cometiendo un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad o cuando se hace bajo la influencia de drogas o del alcohol, “siempre” será imprudencia grave y “no cabrá margen de interpretación”.
Al mismo tiempo, se da la posibilidad al juez de elevar la pena por encima del máximo actual en los casos de imprudencias graves con resultado de varias víctimas. En este caso, la pena de cárcel podrá subir hasta los nueve años y no quedarse en los cuatro, como con la legislación actual.
La Proposición de Ley se ha aprobado con 337 votos a favor y 3 abstenciones. Los grupos mayoritarios, PP –como impulsor de esta reforma- y PSOE, se han mostrado, en líneas generales, satisfechos con esta medida. Ciudadanos, por su parte, a pesar de apoyarla, ha criticado que se haya realizado solo para “calmar la alarma social” y se ha emplazado para trabajar duramente para mejorarla.
Por su parte, ERC y En Comun-En Marea han criticado que el proyecto haga hincapié en las “sanciones” y han señalado que se trata de una medida insuficiente.
