En los últimos meses ya ha habido varios casos en los que las sentencias de los jueces les han dado la razón a conductores que habían sido multados por radares de la DGT. La razón es que la aplicación del margen de error no se había aplicado correctamente, según entienden los magistrados.
Y este problema no es exclusivo de la Dirección General de Tráfico, sino que hay casos de sanciones “incorrectas” que han sido registradas por el Servei Català de Trànsit y por el Gobierno Vasco.
A las últimas sentencias en las que se ha fallado contra la forma de aplicar estos márgenes de velocidad, se une ahora la petición de Soledad Becerril, defensora del pueblo español. Ésta, ha solicitado que se revisen los expedientes en los que no se haya aplicado dicho margen, como dictan los principios informadores del Derecho Sancionador.
Para que entendamos mejor lo que está ocurriendo, tenemos que saber cómo se regula el funcionamiento de los aparatos de medición de velocidad. Lo primero y más importante es que todos los radares tienen que estar correctamente revisados y certificados por un profesional –se han llegado a anular multas por esto-. Además, según marca la ley, los radares fijos tienen un margen de error del 5 por ciento (unos 5 km/h hasta los 100 km/h) mientras que para los móviles se fija un valor del 7 por ciento (7 km/h).
Los magistrados están empezando a darle la razón a los conductores porque las autoridades realizan en algunos casos lo que se conoce como “la aplicación previa del margen de error”, de manera que multarían, por ejemplo, a un coche que circula por encima 127 km/h en una zona limitada a 120 km/h. Lo que no se está realizando correctamente, según el fallo de los juicios, es el descuento de la velocidad pertinente, ya que un conductor detectado por el radar a 137 km/h está siendo multado por ese valor, cuando en realidad debería ser sancionado con lo que corresponda a 130 km/h (tras descontar el margen de error).
Según Automovilistas Europeos Asociados, los expedientes por esta práctica “ilegal” llegan al millón; la mayoría de ellos multas económicas y retirada de puntos superiores a los que corresponderían, según recoge la Ley. Por ello, pide la revisión de todos y cada uno de estos expedientes y anima a todo aquel que esté en esta situación a que recurra la multa.
