España se encuentra lejos de unos objetivos europeos que han sido actualizados recientemente. Anfac pide más implicación y transparencia.
Para conseguir que las matriculaciones de vehículos eléctricos suban hasta niveles que consigan hablar de un mercado verdaderamente cero emisiones es indispensable que exista una red de carga pública que tranquilice a los usuarios. Esta es una de las demandas principales realizadas por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), al confirmar que hace falta duplicar los puntos de recarga pública para alcanzar los objetivos establecidos por el Fit for 55 en 2023. Según ellos, a para finales de este 2023 debería haber operativos 45.063 puntos de recarga cuando la realidad es que se cuentan con menos de la mitad, 20.243 puntos.
La patronal solicita establecer medidas eficaces para que España salga de la cola de electromovilidad de Europa. Porque en sus nuevas estimaciones que ya han tenido en cuenta el aumento de exigencias de reducción de emisiones de dióxido de carbono establecidas por la Unión Europea para los diferentes tipos de vehículos, junto con el nuevo reglamento relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (Afir), se establece que para 2030 haya circulando 4,3 millones de vehículos electrificados circulando frente a los 3,4 que había inicialmente en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030.
Para 2035 se espera alcanzar los 9,8 millones, con un 100% de cuota de mercado electrificado. Por su parte, la estimación aproximada para una red mínima de puntos de recarga de acceso público es de 64.000 puntos de recarga para 2023, 91.000 en 2025, 300.000 en 2030 y 610.000 en 2035. En este sentido, también es de vital importancia tener una red de carga rápida que consiga rellenar la batería entre los 15 y los 30 minutos y en la actualidad esta red se debería multiplicar por 5 para lograr la meta que establece el ‘Fit for 55’ de 3.513 puntos, cuando en la actualidad hay tan solo 698 Además, Anfac ha pedido a las autoridades la puesta en marcha inmediata de una plataforma pública de información, que sea referencia para facilitar a los ciudadanos la información precisa a tiempo real de los puntos de recarga disponible y su funcionamiento, así como su estado y su precio, como hace Portugal.
De igual modo, Anfac ve fundamental mejorar la concesión de las ayudas del Plan Moves III y Mitma Moves, con ayudas que sean directas en el momento de la compra y no tributables, así como la simplificación de los trámites administrativos para poner en marcha puntos de recarga. De manera paralela, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) sugiere agilizar y simplificar los trámites administrativos para el despliegue de las infraestructuras de recarga en España, y transparencia de la capacidad de red disponible. Desde su punto de vista, es importante que, en ningún caso, se fuerce a ningún promotor a aceptar unas condiciones técnicas y económicas en las que no conozca a las empresas con las que participaría. Desde la asociación abogan, finalmente, por contemplar mecanismos de supervisión que eviten el fraude ante una avalancha “especulativa” de solicitudes de potencia que no tengan como finalidad desplegar infraestructuras de recarga sino “especular con el mercadeo de dichas ubicaciones”.
